Una juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, y otras siete personas que estarían presuntamente implicadas en la defraudación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

"Los demás afectados con la decisión son el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quien era contratista de la UNGRD; el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, respectivamente; al asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista de la UNGRD Óscar Enrique Cárdenas Angulo", detalló la Fiscalía en un comunicado. 

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De acuerdo a su posible participación, el exdirector de la Función Pública y los otros capturados fueron imputados de "los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público". 

Según la Fiscalía, "el exdirector de la Función Pública presuntamente facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó la entrega a personas específicas de los contratos que surgieran de estos recursos". 

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El ente acusador precisó que "los demás investigados habrían intervenido en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, las interventorías de estos y una prestación de servicios de topografía a nivel nacional". 

El contrato asociado con el suministro de carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira se suscribió en octubre de 2023, por 29.000 millones de pesos, con la Corporación Mixta Yapurutú.

"Aquí fueron detectados sobrecostos por 13.164 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones de pesos fueron entregados a Manrique Soacha, 2.060 millones de pesos a Riveros Rey y 6.380 millones quedaron en manos de los directivos de Yapurutú", puntualizó la Fiscalía.